La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026 abrió un nuevo debate jurídico y económico en el país. Pero, ¿Qué fue lo que realmente pasó?

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

El alto tribunal no anuló definitivamente el aumento. Lo que hizo fue aplicar una medida cautelar, es decir, una suspensión provisional mientras estudia el caso de fondo.

El tribunal consideró, en un análisis preliminar, que el Gobierno Nacional habría incumplido el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, norma que establece los criterios obligatorios para fijar el salario mínimo cuando no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores.

¿Cuál fue el problema?

Según la decisión judicial, el decreto que establecía el aumento del 23,7 %:

  • Mencionó variables como inflación y productividad.

  • Pero no explicó de manera técnica y detallada cómo esos factores influyeron en el cálculo final.

  • Se apoyó principalmente en el concepto de “salario vital”, basado en estudios internacionales, para justificar el porcentaje.

El Consejo de Estado señaló que ese concepto no puede reemplazar los criterios obligatorios que exige la ley, como:

  • Inflación causada.

  • Meta de inflación del Banco de la República.

  • Productividad.

  • Producto Interno Bruto (PIB).

  • Contribución de los salarios al ingreso nacional.

En otras palabras, el tribunal pide una fórmula clara y técnicamente sustentada.

¿Qué ordenó el tribunal?

El Gobierno tiene un plazo de 8 días calendario para expedir un nuevo decreto transitorio.

Ese nuevo decreto deberá:

  • Fijar un porcentaje temporal para el salario mínimo 2026.

  • Explicar detalladamente cómo se aplicaron los criterios legales.

  • Mostrar la operación lógica o aritmética utilizada para llegar a la nueva cifra.

Mientras tanto, el proceso judicial continuará hasta que haya una sentencia definitiva.

¿Se cae el aumento? ¿Hay que devolver dinero?

No.

El fallo establece reglas claras para evitar caos económico:

  • La suspensión del 23,7 % solo se hará efectiva cuando se publique el nuevo decreto.

  • Los pagos ya realizados bajo el decreto anterior siguen siendo válidos.

  • No habrá devolución de dinero ni ajustes retroactivos sobre nóminas ya pagadas.

¿Qué viene ahora?

El Gobierno deberá emitir un nuevo decreto ajustado a la Ley 278 de 1996. Ese porcentaje podría mantenerse, modificarse o reducirse, dependiendo de cómo se fundamenten los criterios técnicos.

Lo que está en juego no es solo el porcentaje del aumento, sino el debate sobre cómo debe calcularse el salario mínimo en Colombia: si estrictamente bajo fórmulas legales o incorporando conceptos como el salario vital.