La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las diferentes entidades que participan en el proceso de Justicia y Paz, la admisión de terceros que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y la modificación del procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005, en aras de definir la situación jurídica de los postulados y desmovilizados actualmente vinculados al proceso y el cierre definitivo de la jurisdicción, cuya principal es la temporalidad.
Entre los principales puntos se encuentra:
- Busca establecer un límite temporal para el cierre del proceso penal especial de Justicia y Paz, agilizando los procesos de su competencia y resolviendo definitivamente la situación jurídica de los excombatientes de los grupos armados organizados al margen de la ley.
- Fortalecer las instituciones que participan en el proceso de Justicia y Paz, toda vez que se identificó que la carencia de personal humano y de capacitación está generando retrasos en las decisiones judiciales.
- Facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva (excepcionalmente) a la vida civil de las personas que debieron ser investigadas y juzgadas por esta jurisdicción y no lo fueron, los terceros y los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública.
Dar un cierre definitivo a la Jurisdicción de Justicia y Paz por medio de la modificación del procedimiento en aras de dar celeridad a los casos vigentes y a los nuevos con la aplicación de un procedimiento mixto.
La iniciativa consta de 15 artículos que modifican procedimentalmente la Ley de Justicia y Paz, sin embargo, se mantiene la protección de los derechos de las víctimas y de los postulados.
