La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma a la salud, votando la totalidad del articulado, la pregunta y el título del proyecto el pasado martes 5 de diciembre. De la ponencia original de 143 artículos, se aprobaron 133 numerales, mientras que 10 fueron eliminados. El proceso del segundo debate del proyecto de ley se extendió por 5 meses y más de 15 sesiones, llevándose a cabo en el salón elíptico del Congreso de la República.
Durante la última sesión, se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la República. El objetivo es que el ejecutivo pueda expedir actos administrativos para desarrollar procesos de consulta previa y reformar los sistemas de salud especiales de comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras y otros grupos poblacionales. Sin embargo, se rechazó el numeral destinado a capitalizar la Nueva EPS, argumentando que esta propuesta ya estaba contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo y contó con el respaldo de la bancada del Gobierno.
En cuanto al futuro de las EPS, según lo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, estas entidades experimentarán una transformación y serán denominadas Gestoras de Salud y Vida. Su función incluirá la auditoría de las cuentas del sector, el apoyo en la coordinación de las redes de servicios de salud y la recepción de aproximadamente 8 billones de pesos (8% del total de la bolsa de recursos del sector).
En relación con los CAPS, los Centros de Atención Primaria en Salud se convertirán en la puerta de entrada al sistema. Serán las organizaciones encargadas de registrar a los colombianos en el sistema y la mayoría se clasificarán bajo la categoría de primer nivel de complejidad. Participarán activamente en la coordinación y el proceso de referencia de pacientes a niveles de complejidad elevados dentro del sistema.
Respecto a la gestión de los recursos de la salud, se propone que la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (ADRES) se encargue de pagar todas las cuentas en el sector salud, tanto a proveedores como a prestadores de servicios. Esta entidad asumirá el riesgo financiero del sistema y, según lo aprobado en segundo debate, administrará la UPC, que seguirá siendo la prima que el Estado paga para financiar las atenciones de todos los ciudadanos.





