Un informe oficial remitido al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) puso nuevamente bajo la lupa la permanencia de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde cumple una condena por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público.
El documento, fechado el 4 de junio de 2026 y firmado por la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá, informa una novedad registrada dos días antes durante una inspección rutinaria al centro especial de reclusión.
De acuerdo con el reporte, hacia las 10:30 de la mañana del 2 de junio, la oficial observó que Barrera presentaba una evidente inflamación en los labios y pequeñas equimosis —moretones— en el rostro. Al preguntarle si se había sometido recientemente a algún procedimiento médico o estético, la influenciadora respondió que no presentaba ninguna novedad y negó haberse realizado algún procedimiento.
Sin embargo, el informe señala que, minutos después, Margareth Chacón, compañera de habitación de Barrera y condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, manifestó de manera voluntaria su preocupación por el estado de salud de la creadora de contenido.
Según quedó consignado en el documento, Chacón aseguró que el 31 de mayo, durante la jornada de visitas, uno de los visitantes de Epa Colombia presuntamente le habría practicado un procedimiento estético, consistente en la aplicación de sustancias de relleno en glúteos, pómulos, mentón y labios. La interna también afirmó que, durante la noche posterior al supuesto procedimiento, Barrera habría presentado fuertes dolores y episodios de fiebre.
No obstante, el propio informe aclara que su finalidad es dejar constancia de situaciones conocidas en ejercicio de las funciones de la oficial, y precisa que no constituye una calificación jurídica definitiva ni implica imputación de responsabilidad o prejuzgamiento alguno sobre la privada de la libertad.





