El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció que el Gobierno revisará los esquemas de seguridad asignados a personas desmovilizadas y comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante una audiencia sobre medidas de protección, afirmó que los vehículos blindados y los escoltas deben destinarse exclusivamente a quienes acrediten una situación de riesgo.

El funcionario explicó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tendrá que realizar estudios de seguridad para determinar quiénes requieren estas medidas, de acuerdo con los criterios establecidos por la Corte Constitucional. También señaló que los esquemas no deben mantenerse de manera indefinida.

“En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, expresó Ordóñez, quien cuestionó que recursos públicos destinados a proteger personas puedan terminar facilitando actividades ilegales como el narcotráfico, el transporte de armas o la movilización de integrantes de organizaciones terroristas.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación por el futuro de las medidas de protección de la JEP. Su presidente, el magistrado Danilo Rojas, advirtió que el recorte presupuestal de $181.402 millones previsto para 2027 obligará a reducir gastos de la jurisdicción, incluidos los destinados a seguridad. Por ello, pidió al Gobierno asumir la protección de magistrados, fiscales, víctimas, testigos y comparecientes que lo requieran.

Frente a este panorama, Ordóñez aseguró que el Ejecutivo dará prioridad a las personas que necesiten protección y al cumplimiento de las obligaciones judiciales. La revisión de los esquemas quedará sujeta a las evaluaciones de riesgo que adelante la UNP.