La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció que interpondrá una demanda contra el decreto 0799 de julio de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, que retira al Consejo de Estado la competencia de conocer en primera instancia las tutelas interpuestas contra el presidente Gustavo Petro. Según la congresista, esta medida representa una violación directa a la Constitución y configura un “golpe silencioso” a la justicia colombiana.

“Con este decreto, el gobierno habilita que las tutelas contra el Presidente, incluidas aquellas relacionadas con seguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos y decisiones de alto impacto, ya no sean conocidas por el Consejo de Estado como instancia especializada, sino por jueces de circuito ordinarios”, escribió Cabal en su cuenta de X (antes Twitter).

La senadora calificó la decisión como “ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder”, advirtiendo que el presidente Petro no tiene la competencia para modificar la estructura judicial mediante decreto. Según explicó, este tipo de cambios deben tramitarse como leyes estatutarias, aprobadas por el Congreso de la República y revisadas por la Corte Constitucional, tal como lo exige el artículo 152 de la Constitución Política.

Cabal también alertó sobre la afectación al principio del juez natural, al considerar que las tutelas contra el jefe de Estado exigen un alto nivel técnico y neutralidad que, según ella, no pueden garantizar los jueces del circuito. “Ahora, bajo el nuevo decreto, cualquier juez de circuito, sin experiencia ni especialización, podrá fallar tutelas contra el Jefe de Estado”, afirmó.

La congresista enmarcó este cambio en lo que considera una estrategia más amplia del presidente Petro para debilitar los contrapesos institucionales. “Petro busca controlar todos los frentes: la Corte Constitucional cuestionada, la Fiscalía tomada, y ahora, el Consejo de Estado desplazado en el control de tutelas. El régimen no quiere contrapesos. Quiere impunidad, silencio y obediencia”, aseguró.

La demanda que interpondrá Cabal se sumaría a las críticas que ya ha generado el decreto 0799 en distintos sectores políticos y jurídicos del país, que alertan sobre su impacto en la independencia judicial y el equilibrio de poderes.