Un importante pronunciamiento sobre el derecho a la educación en Colombia hizo la Corte Constitucional, al proteger a un estudiante universitario que presuntamente enfrentaba amenazas de grupos armados ilegales y cuya situación le impedía asistir de manera presencial a sus clases.

El caso fue analizado en la Sentencia T-332 de 2026, en la que la corporación estudió una acción de tutela presentada contra la Escuela Nacional del Deporte, luego de que el estudiante solicitara alternativas para continuar su formación mediante modalidades híbridas o virtuales, debido a los riesgos que, según manifestó, enfrentaba.

La Corte determinó que las instituciones de educación superior deben evaluar las circunstancias particulares de sus estudiantes cuando situaciones excepcionales ponen en riesgo su permanencia en el sistema educativo. En ese sentido, explicó que la autonomía universitaria no puede convertirse en un obstáculo para garantizar los derechos fundamentales.

Entre las alternativas que pueden analizarse está la virtualización de algunos componentes académicos, el uso de herramientas tecnológicas y otras medidas transitorias de flexibilidad, siempre que sean compatibles con las características del programa y no afecten la calidad de la formación.

Como parte de la decisión, la Corte ordenó a la Escuela Nacional del Deporte reunirse con el estudiante para evaluar los ajustes académicos que puedan aplicarse mientras se realiza una valoración oficial del riesgo. También pidió estudiar la posibilidad de incorporar en su reglamento estudiantil disposiciones para atender situaciones excepcionales de esta naturaleza.

El alto tribunal aclaró que esto no significa que todas las universidades estén obligadas a convertir sus programas presenciales en virtuales, sino que deben estudiar cada caso y buscar soluciones razonables cuando existan circunstancias que puedan impedir que un estudiante continúe su formación.

Con esta decisión, la Corte Constitucional refuerza la protección del derecho a la educación y recuerda que las instituciones educativas deben contemplar las situaciones de riesgo que enfrentan sus estudiantes, sin trasladarles toda la carga de las circunstancias que ponen en peligro su vida e integridad.