La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra cinco gobernadores y dos exgobernadores por su presunta relación con una red de corrupción que, al parecer, desvió más de 3 billones de pesos del Sistema General de Regalías mediante el direccionamiento irregular de contratos a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada. El caso involucra proyectos ejecutados en 19 departamentos y hace parte de uno de los mayores procesos por presunta corrupción en recursos de regalías adelantados por el ente acusador.
Los investigados son Óscar Enrique Sánchez Guerrero, gobernador de Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora de Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador de Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador de Vichada; Yeison Ferney Rojas Martínez, gobernador de Guaviare; además de los exgobernadores Rafael Alejandro Martínez, de Magdalena, y Álvaro Arley León Flores, de Vichada. La Fiscalía compulsó copias para establecer si tuvieron alguna participación en el presunto entramado, por lo que su responsabilidad aún deberá ser determinada dentro de la investigación.
Según la Fiscalía, la organización habría utilizado documentos falsos para convertir al Fondo Mixto Sierra Nevada en un supuesto esquema asociativo territorial, lo que le permitió acceder y concentrar la ejecución de cerca de 480 contratos relacionados con infraestructura, educación, agua potable, gestión del riesgo, deporte, salud, energía y mejoramiento vial. La directora especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez, señaló que la red intervino en más de 400 proyectos financiados con recursos de regalías, cuyo valor supera los 3 billones de pesos.
Como parte del operativo fueron capturadas 13 personas, entre ellas el alcalde de María La Baja (Bolívar), un exalcalde de La Paz (Cesar), exdirectivos del Fondo Mixto Sierra Nevada, contratistas y otros particulares. Los procesados serán judicializados por delitos como concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad en documento, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para definir el alcance de la presunta responsabilidad de los mandatarios departamentales investigados.





