El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la solicitud presentada por la Procuraduría General de la Naciónante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se le impida referirse públicamente a supuestos fraudes electorales sin pruebas.

A través de un mensaje público, el mandatario defendió sus declaraciones y afirmó que sus cuestionamientos se relacionan con presuntas fallas estructurales en el sistema electoral y con el manejo del software utilizado en los procesos de conteo y escrutinio de votos.

Petro señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil estaría incumpliendo una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que ordenaba que el software utilizado para los procesos electorales fuera propiedad del Estado. Según el presidente, actualmente el preconteo y el escrutinio se encuentran tercerizados y el software no pertenece a la entidad, lo que aseguró impediría su auditoría completa.

De acuerdo con el jefe de Estado, la falta de acceso para revisar el sistema informático podría afectar la transparencia del proceso electoral, al existir “opacidad en los algoritmos” que intervienen en el conteo de votos.

En su pronunciamiento también mencionó lo que calificó como casos de irregularidades cometidas por jurados de votación que, según indicó, se habrían detectado durante los escrutinios cuando es posible revisar nuevamente las bolsas con votos.

El presidente hizo además un llamado a movimientos políticos y ciudadanos para que presenten ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca las demandas por presunta falsedad en formularios electorales, con el fin de que estas sirvan como evidencia en procesos judiciales relacionados con posibles irregularidades.

En el mismo mensaje, Petro cuestionó a la empresa Thomas Greg & Sons, históricamente contratista en procesos logísticos y tecnológicos electorales, y aseguró que no permitirá que se limite su derecho a pronunciarse sobre el tema.

La controversia se produce luego de que la Procuraduría solicitara al tribunal estudiar medidas para evitar que el presidente continúe haciendo afirmaciones sobre fraude electoral sin presentar pruebas, argumentando que tales declaraciones podrían afectar la confianza en las instituciones y en el sistema electoral del país.

El caso ahora queda en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá evaluar la solicitud del organismo de control y determinar si procede algún tipo de medida frente a los pronunciamientos del mandatario.