El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, encendió las alarmas frente a una nueva modalidad de desvío de recursos del sistema de salud en Colombia, en la que instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) estarían utilizando mandamientos judiciales de pago para embargar recursos a Empresas Promotoras de Salud (EPS) bajo medida de intervención.

De acuerdo con Rubiano, esta práctica compromete seriamente el flujo de recursos destinados a la red de atención médica, lo que podría poner en riesgo el acceso oportuno y efectivo de la población a los servicios de salud. “He pedido a las EPS detallar el listado de las IPS que embargan los recursos de la salud, a sabiendas de que no se trata de un simple embargo, sino de la afectación del flujo de recursos a toda la red prestadora», declaró el funcionario.

El superintendente recordó que los recursos del sistema de salud son inembargables, como lo establecen normas vigentes como el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, el artículo 2.6.4.1.4 del Decreto 780 de 2016, y varios fallos de la Corte Constitucional, entre ellos la sentencia T-760 de 2008.

Estos marcos legales buscan proteger la sostenibilidad financiera del sistema de salud y garantizar que los recursos públicos destinados a la atención en salud no sean desviados para cubrir deudas acumuladas de vigencias anteriores, especialmente cuando estas decisiones provienen de fallos judiciales que no consideran el impacto sistémico.

Rubiano también señaló que organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud han reiterado en circulares recientes la prohibición de embargar estos recursos.

Finalmente, el superintendente hizo un llamado a jueces, entidades públicas y privadas, así como a todos los actores del sistema, a respetar la normatividad vigente y evitar medidas que puedan paralizar el funcionamiento del sistema o comprometer el derecho fundamental a la salud.

“Las decisiones judiciales no pueden anteponerse al interés general ni obstaculizar el funcionamiento del sistema de salud. Es urgente garantizar que estos recursos lleguen de forma efectiva a los prestadores y usuarios que realmente los necesitan”, concluyó.