Artículo de opinión de Jesús Fernández.

En esta columna hare énfasis y seguidamente analogía respecto al tema de la vida digna, establecido en la constitución y en el bloque de constitucionalidad como un derecho fundamental que además guarda estrecha relación con el tema de las desigualdades políticas y socioeconomicas que en ciertas ocasiones obstaculizan la materialización delos postulados en los que se funda la dignidad humana.

Esto, a propósito de los pronunciados que hizo la Vicepresidenta Francia Márquez contra las afirmaciones de la senadora María Fernanda Cabal referentes a la creación del Ministerio de la igualdad y lo que significaba para la senadora. Ante lo anterior, la vicepresidenta respondió lo siguiente: “Yo vengo de un pueblo que ayudó a parir la libertad para este país, pero la igualdad no la logramos. Nosotros vivimos las situaciones de exclusión social más estructural del país” también añadió: La igualdad, señores congresistas, solo es posible ante los ojos de Dios, que nos creó iguales, y ante la ley. En la fantasía revolucionaria de los congresistas nos quieren imponer que todos seamos iguales, no señor. Esto es un imposible biológico”, comentó en su intervención, añadiendo un duro comentario para la congresista caleña con la siguiente frase: “Su rabia es porque una negra como yo no es su empleada del servicio, sino la vicepresidenta de Colombia”.

En lo personal, Encuentro en los pronunciados de la vicepresidenta Francia Márquez significativa razón por cuanto no se puede construir una igualdad social y mucho menos en una comunidad que ha sufrido por los azotes del conflicto armado, desplazamiento forzado, trata de personas, secuestros, bombas, etc, sino se erige el pilar fundamental que es el de la dignidad humana, la cual es un derecho inherente a toda persona humana y por tanto debe prevalecer su imperativa ejecución condescendiente para que pueda subsistir la igualdad de la mano con la bases que consolidan la existencia de una vida digna desde todos los puntos de vista y no que este limitado exclusivamente a la parte social.

Aunado a lo anterior, resulta una idea utópica pensar que la guerra entre grupos armados ilegales y fuerzas armadas Nacionales disminuirá con la creación del Ministerio de la Igualdad. Cualquiera podría mostrarse dudoso conociendo los antecedentes de conflicto armado en Colombia. No obstante, se tiene la esperanza de que poco a poco ira disminuyendo el conflicto armado, la discriminación por motivos de etnia, religión, color político, sexo o cultura, entre otras problemáticas que no se escabullen de la opresión por parte de determinados actores políticos ilegales.

Pero nada está escrito al cien por ciento. Antes bien, se debe trabajar mucho por la paz desde las entidades colegiadas del gobierno hasta en los hogares vulnerables y no vulnerables. Si puede haber un cambio radical en donde reine la paz y la igualdad social pero esa visión no se configurara de la noche a la mañana. Es todo un proceso largo, con muchas contradicciones, oposiciones por parte de los escépticos como la senadora Cabal, sin mencionar que hay “ilustres políticos” a los que directa o indirectamente no les conviene la creación del ministerio de igualdad.

El derecho a una vida digna requiere subsidiariamente del requisito de la igualdad social, ya que implica proporciones de justicia y equidad a toda la ciudadanía y por ende, si hay justicia en la educación, alimentación, salud, vivienda digna, y otros estándares constitucionales, se puede vivir consecuencialmente con dignidad.

De eso se trata específicamente la vida digna, en estándares esenciales como el derecho a la salud, alimentación, vivienda, trabajo, bienestar, en definitiva, en medios de vida vitales para el desarrollo sostenible y el derecho a una vida digna es reconocido como un derecho de libertad, la libertad se cifra en la vida misma. La vida que cada uno de los seres humanos considere llevar como un reducto muy suyo, en el cual cada individuo tiene autonomía y decisión.

La libertad de decisión, libertad de circular libremente por la Ciudad sin el temor a ser atracado o dañado en su integridad física, la libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad y en definitiva la autonomía propias de cada ser humano como fuente de derecho innato lo son en la medida en que se es libre de vivir o no vivir, y de vivir así o de otro modo, claro está, sin que el estilo de vida adoptado afecte el derecho a la libertad de su prójimo, toda vez que tenemos derechos pero también obligaciones que se basan primeramente en el respeto por el derecho ajeno.

En columnas anteriores ya había dicho que con la creación de la constitución del 1991 se reglamentó una serie de garantías allí consagradas para la protección y resguardo de los derechos humanos. La garantía de los derechos humanos se encuentran establecidos en los postulados de derechos humanos de los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, en la Constitución política de Colombia que es norma de normas en nuestra Nación, en los postulados de las Naciones unidas que conforman el bloque de constitucionalidad. Dentro de esa gama de derechos humanos no puede faltar el de la igualdad y el de la vida digna, sin estos preceptos, la Constitución no tendría fundamento.

Otra noción que quiero resaltar, independientemente a las pullas lanzadas por parte de la vicepresidenta la senadora Cabal es que si bien, el ministerio de la igualdad busca promover iniciativas de justicia social, especialmente a quienes han sufrido los horrores de la guerra para que puedan vivir una vida digna, también es un hecho constitucional que es deber del Estado promover con lineamientos políticos en aras a resarcir los daños causados de la guerra a los desprotegidos. El estado tiene la función de respetar, promover, proteger y cumplir los derechos fundamentales..

Todos conocemos prototipos de cómo el recurso a los mecanismos locales, regionales e internacionales se ha hecho necesario para reconocer que se están produciendo violaciones a nivel Nacional bien sea por acción u omisión. En Colombia existen medios de control idóneos para garantizar el amparo y cumplimiento de los derechos a una vida digna, solo que, por desconocimiento de la norma, falta de pedagogía institucional o falta de lectura a iniciativa propia, muchas personas desconocen dichos mecanismos de protección de derechos fundamentales.