En esta columna me enfocare en hablar sobre el derecho fundamental al debido proceso y su importancia en toda actuación judicial teniendo en cuenta que en anteriores columnas he mencionado este distinguido derecho para caracterizar algún concepto genérico pero no he profundizado con tenor sobre el particular.

Para empezar, es concerniente indicar que la Constitución Nacional, que es nuestra norma de normas, en su Artículo 29 consagra un plexo de garantías fundamentales al interior de todo proceso con el objetivo de evitar irregularidades procedimentales en el aparato judicial, constituyéndose en una norma limitante de la potestad punitiva del Estado, a favor del sujeto activo del delito o controversia jurídica así como del sujeto pasivo de la acción civil o penal, en tanto erige como principios fundamentales una serie de derechos de observancia rigurosa en la actuación colegiada.

En todo proceso debe existir la garantía del debido proceso por cuanto es imperativo que un juicio se lleve a cabo bajo las formalidades legalmente establecidas en la constitución y la ley, evadiendo con esto la posibilidad de que concurran dilaciones o actos ilícitos que corrompen las garantías en las que se erigieron los postulados normativos.

Por otro lado, en el ámbito internacional, el debido proceso es un derecho humano. Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos cataloga el debido proceso como una garantía judicial, y en su numeral 1 señala que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. (Tomado de tratado de las Naciones Unidas, 1969, p. 4).

El derecho fundamental al debido proceso incluye una serie de garantías o principios para la protección de derechos fundamentales, algunas de estas son: La presunción de inocencia que predica que toda persona es inocente hasta que se demuestre con pruebas fehacientes lo contrario, el derecho a la defensa entendida en su doble acepción, defensa técnica y material que pregona la oportunidad para controvertir las acusaciones y/o pretensiones y condenas la parte actora, el principio de legalidad que establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes y con las formalidades y solemnidades que preceptúa el ordenamiento jurídico; el derecho de contradicción que permite al accionado ejercer sus derechos de defensa y por ende controvertir y refutar las condenas y pretensiones que se le infligen.

En todo caso siempre debe estar presente el derecho al debido proceso, toda vez que es la garantía para que las gestiones se realicen dentro del marco de la legalidad y la justicia.

Este derecho fundamental del que poco se escucha (no tanto como el de la vida, salud o dignidad humana) debe hacerse valedero en todo tipo de actuaciones judiciales, administrativas o de cualquiera otra naturaleza.

Así pues, nadie puede ser sometido a un juicio, sea la clase o naturaleza que sea, sino de acuerdo con las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas legales propias de cada juicio.

Lo suscitado anteriormente hace referencia a que, ni el cuerpo legislador ni los particulares poseen una total discrecionalidad al momento de establecer los procedimientos para establecer algún tipo de sanción, sino que deben respetar en todo momento los derechos fundamentales de las personas, los cuales no sólo son sujetos de protección y garantía por parte del Estado sino que igualmente devienen como un límite inherente y normativo de origen constitucional al ejercicio del poder punitivo del Estado o de los particulares.

Sumado a lo antedicho, en nuestro país la Constitución de 1991 es la norma suprema que irradia todo el conjunto de normas jurídicas vigentes, como norma fundante en su artículo 1 adopta el Estado Social de Derecho como modelo de Estado. Consecuentemente, se busca proteger la dignidad humana y otros derechos inherentes al ser humano por medio de garantías jurídicas como lo son los principios y derechos como el del debido proceso.

Quiero aclara que, no obstante a las ínfimas garantías establecidas en tratados internacionales y en nuestra carta magna, este derecho en la práctica presenta varias problemáticas, entre éstas es que tiende a ser desconocido por las autoridades públicas y por lo tanto es vulnerado en muchas ocasiones, por lo que muchas personas recurren a medios de control constitucionales como la acción de Tutela o el Habeas Corpus para la protección efectiva de este derecho fundamental.

Artículo de opinión de: Jesús Fernández Dix.