En esta columna me enfocare en hacer un breve y sucinto análisis acerca de la jurisprudencia de la corte suprema de Justicia 1073 del 2012 la cual se refiere al tema de la indexación de la mesada pensional, alcance y efectos jurídicos en pro de los derechos laborales de los ciudadanos que destinaron su vida a cotizar en fondo de pensiones para vivir una vida digna en la longevidad.

Y es que, al repasar con suspicaz lupa la mentada jurisprudencia, se puede vislumbrar que la sentencia unificada en cita incurrió en vía de hecho, por defecto sustantivo, al decidir desfavorablemente el recurso de Casación impetrado por el peticionario, toda vez que desconoció el derecho que le asiste a su representado a que le sea reconocida la indexación que le correspondía por derecho.

Les explico la figura jurídica de la indexación. La indexación es la figura, herramienta o ajuste mediante la cual se indexa el valor de una obligación a fin de compensar el efecto de la inflación con el paso del tiempo. El dinero pierde valor o poder adquisitivo con el paso del tiempo como consecuencia de la inflación monetaria, y en razón a ello, en las sentencias judiciales, por lo regular, se ordena indexar los valores de las condenas a fin de traer a valor presente las deudas causadas años atrás, con la finalidad de evitar vulnerar derechos laborales ciertos e indiscutibles.

Atendiendo lo dicho, claramente hubo una vulneración a la constitución con respecto a la decisión de la C.S de Justicia, , en atención a que la decisión en primera instancia no tuvo fundamento beneficioso a la clase obrera ya que no se tuvo en cuenta el derecho a la indexación, palmariamente definido en el ordenamiento jurídico. En este sentido afirmó también que la tesis de la indexación de la primera mesada pensional conduciría al extremo de tener que actualizar, no solo con base en el costo de vida, o los derechos exigibles, sino las bases salariales de su establecimiento, principio que aplicado a otras situaciones iguales aparejaría fatalmente la indexación general de los salarios y de las bases de liquidación de todas las prestaciones con sus perturbadoras consecuencias jurídicas y económicas; así las cosas, los acuerdos celebrados en el contrato de trabajo o en convenciones colectivas perderían su validez, en tanto tendrían que quedar sujetos a la referida actualización.

Es un hecho que precedente que la Corte Constitucional ha considerado que los principios y garantías contenidas en el Estatuto Superior son también predicables a situaciones jurídicas que aunque consolidadas bajo el amparo de la Constitución anterior, sus efectos se proyectan con posterioridad a la expedición de la nueva normatividad, especialmente cuando se está en presencia de prestaciones periódicas. En este sentido, ha dispuesto la aplicación de sus decisiones a situaciones pensionales consolidadas.

Aunado a lo antedicho la corte Constitucional se ha pronunciado otras veces sobre el derecho laboral alegando que es sin duda uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que del trabajo depende la subsistencia y la realización de los seres humanos, y que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción –el trabajo, el capital y la empresa -, afectados directamente por la inflación. Sin embargo, justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la ley por la doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica el salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada o automática. Por ello se recalca que la Corte ha dejado más que establecido que son inconstitucionales todas aquellas situaciones que a pesar de haberse consolidado bajo la égida de la Carta anterior, sus efectos se proyectan en futuro y generan vulneración de los derechos y garantías fundamentales, tal y como sería el caso de la indexación de la primera mesada pensional.

Además, la Corte señala que No existe ninguna razón constitucionalmente válida para sostener que el derecho a la actualización de la mesada pensional sea predicable exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, cuando todos se encuentran en la misma situación y todos se ven afectados en su mínimo vital por la depreciación monetaria. Por el contrario, la jurisprudencia constitucional ha señalado expresamente que éste es un derecho de carácter universal que debe ser garantizado a todos los pensionados. De lo contrario, se produciría una grave vulneración del derecho a la igualdad que constituye un trato discriminatorio.

En esencia, tal como exhorta la Honorable Corte, la indexación de la primera mesada de pensiones legales y extralegales o voluntarias causadas en vigencia de la Constitución de 1991 es un derecho de imperativo cumplimiento. La actualización o indexación de la primera mesada pensional ha venido siendo reclamada en los estrados judiciales de nuestro país a lo largo de la década de los 90 y lo que va corrido del nuevo milenio. En otras latitudes ha sido tema de argumentación jurídica positiva y negativa de los más altos tribunales en tanto y en cuanto sus sociedades han atravesado críticos procesos inflacionarios que afectaron en gran manera los ingresos y créditos laborales, para resaltar que de tiempo atrás se viene discutiendo nacional e internacionalmente las cuestiones referidas a la devaluación o pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Es decir, que los paliativos a dicha pérdida pasan necesariamente por la actualización legal o jurisprudencial de la moneda colombiana y ajustes de inflación correspondientes.