En esta nueva columna me referiré sobre los posibles efectos de un cese bilateral temporal entre el Gobierno de Colombia y organizaciones armadas al margen de la ley, narrando desde mi punto de vista, subjetivo, las consecuencias positivas y negativas que acarrean el discutible hecho de negociar con los grupos subversivos que tantos males le han ocasionado al país y de los que directa o indirectamente hemos sido víctimas o bien podría decirse “pagaplatos” del mal accionar de estos grupos subversivos que han optado por décadas al uso de la violencia para lograr sus objetivos.
En anterior columna me había enfocado en los factores que incidían en el crecimiento de la criminalidad en Colombia y sobre las acciones que se podrían tomar para prevenir ser víctima del proceder criminal, como también de los métodos preventivos y acciones correctivas que se podrían implementar por parte de las autoridades Nacionales, departamentales y locales, en aras a caminar las calles y circular las vías Nacionales sin sensación de inseguridad. Esta vez me enfatizare en la jugada del gobierno, sea para beneficio de unos o de muchos, de llegar de manera unánime a un cese al fuego bilateral con determinadas organizaciones criminales.
Como ya todos sabemos, a través de los medios masivos de comunicación y redes sociales, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (mejor conocido como ELN) firmaron este viernes 16 de junio hogaño, un cese del fuego bilateral con una duración de 180 días, esto es seis meses en total. El acuerdo, cuyo surgir fue fruto de varios meses de negociaciones y reiteraciones a llegar a un mutuo consenso, fue ratificado durante una ceremonia en La Habana, Cuba, en la que participaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro; su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel y el comandante en jefe del ELN, alias Antonio García.
El cese al fuego «bilateral, nacional y temporal» entrará en vigor el 3 de agosto por un periodo de 180 días y tendrá «vocación de continuidad previa evaluación de las partes». Es el más largo jamás pactado entre las autoridades colombianas y el ELN desde la creación de la guerrilla a principios de los años 60.
¿Que se espera o que se pretende con esta suspensión de fuego bilateral? ¿El gobierno espera que los grupos armados ilegales se arrepientan con el divino corazón de Jesus? Muchos expertos en la materia señalan que es necesario desarrollar, de forma inmediata, planes y estrategias específicos de protección para la población civil, dado al inminente aumento de la violencia en los territorios. Razón tienen en aludir a una significativa protección frente a la población vulnerable toda vez que las personas de zonas rurales, mujeres, niños y ancianos son los que mas sufren las hostilidades del conflicto armado.
En mi opinión, frente al cese bilateral temporal, pienso que una cosa tiene que guardar coherencia con otra. Si se pretende una utópica paz total, o por lo menos disminuir los estragos que cometen grupos criminales, es necesario también imponer condiciones a los grupos subversivos, en aras a que no se sientan en un pedestal. Debe existir con templanza política de paz que tome un rumbo definido, requerir a grupos al margen de la ley condiciones mínimas de no secuestrar, de no seguir delinquiendo, de no seguir masacrando. Las estructuras criminales no pueden imponer sus condiciones y muchos menos si estas querellas no garantizan con efectividad la seguridad de los colombianos.

Ya he mencionado en anteriores columnas que aún falta una estrategia de seguridad y defensa nacional que sea capaz de disuadir a las organizaciones armadas de alto impacto que no se sumen o que abandonen la cuestionada paz total. Bajo esas circunstancias, aunque en teoría hay un cese al fuego con varios grupos armados, la violencia seguiría por indulgencia de la antedicha estrategia de seguridad. La idea es evitar que durante el cese al fuego, el ELN sigan fortaleciéndose militarmente, evitar que sigan reclutando y en general delinquiendo. Es incongruente que las fuerzas armadas queden maniatadas frente al delinquir de las estructuras criminales.
En síntesis, el Estado tiene el deber constitucional para con los colombianos de proteger y garantizar la protección integra de toda la ciudadanía y de sus derechos fundamentales; el gobierno tiene por ende el deber primario de fortalecer la seguridad Nacional, no se trata pues de una acción caritativa sino una obligación del estado contenida en nuestra constitución, por tanto la seguridad no se presta sin el actuar legitimo de las fuerzas armadas.
Es por ello que considero en mi humilde opinión que el cese al fuego bilateral temporal no es una atentica tregua. Al menos no, por parte de las estructuras criminales. Nadie pone en duda la voluntad de paz del Gobierno, la enorme duda radica en la voluntad de los grupos criminales.