Los contratos por prestación de servicios se han convertido en una modalidad fuertemente arraigada en el país tanto en el sector público como en el privado, pero en muchas ocasiones ha sido utilizada como una forma de encubrir las relaciones laborales, esquivando las garantías que supone el esquema de protección social de los trabajadores.
Esta se ha convertido en una de las modalidades de contratación preferidas por el Estado, ya que no implica vincular formalmente al trabajador a la nómina ni pagarle prestaciones sociales, pero sí se obliga al contratista a cumplir con labores de un empleado formal.
Es más, en épocas en las que está suspendida su vinculación, siguen sus actividades -aún sin paga- con tal de asegurar que los vuelvan a contratar.
De hecho, solo en el sector público para el año 2021 se registraban más de 530.000 personas vinculadas a través de esta modalidad, representando el 48,71 % del total del personal contratado en las entidades del Estado.
Para mejorar la situación de estos trabajadores, que no tienen derecho ni siquiera a vacaciones pagas, el senador de Cambio Radical David Luna radicó un proyecto de ley con el que se obliga a las entidades públicas a otorgar una serie de beneficios a los contratistas.
De aprobarse esta iniciativa, quienes estén vinculados bajo esta forma de contratación tendrán derecho al disfrute de la licencia de paternidad y maternidad, cubiertas por el Sistema General de Seguridad Social y las entidades estatales no podrán hacer uso de la figura de la suspensión de contrato para eludir el otorgamiento de la misma.
También tendrán la posibilidad de tener derecho a una licencia de dos o cuatro semanas en caso de sufrir aborto o parto prematuro no viable y pondrán acordar con su jefe directo, si las labores lo permiten, desarrollar sus funciones de manera remota, total o parcialmente.
Una de las grandes novedades de la iniciativa es que establece un periodo de descanso remunerado legal para los contratistas de prestación de servicios, un beneficio del que no gozan actualmente.
De acuerdo con el texto del proyecto, los contratistas podrán convenir con su supervisor el equivalente al 5% de los días totales de ejecución de su contrato para disfrutar días de descanso sin tener que suspender su contrato.
También tendrán que ser vinculados a las actividades de bienestar institucional programadas para las funciones de planta.
Un hecho igualmente relevante es que las personas que cuenten hasta con dos contratos de prestación de servicios profesionales solo estarán obligadas a realizar el aporte correspondiente a salud y pensión del contrato de mayor valor.
Adicionalmente tendrán vinculación al Sistema General de Riesgos Laborales, así como a las cajas de compensación familiar.
Las condiciones laborales a las que se someten muchos de los contratistas por prestación de servicios ha llevado a que el tema se haya puesto como una de las prioridades de la agenda del Congreso.
Hasta el momento se han radicado tres iniciativas que buscan establecer nuevos beneficios para quienes están vinculados bajo esta modalidad de contratación, uno presentado por la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano, otro de autoría de la banca del Partido de la U y ahora el radicado por el senador David Luna.





