La defensa de Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción en la UNGRD, envió una carta contundente a la Fiscalía General en la que advierte presuntas irregularidades en recientes citaciones a audiencias inmediatas. El documento fue firmado por su abogado, Mauricio Camacho, quien cuestionó la forma y el propósito de las diligencias.
Según Camacho, la Fiscalía no habría garantizado el respeto al derecho de defensa ni explicado con claridad la necesidad de la audiencia, cuyo objetivo —según señala— era solicitar una prórroga de la medida de aseguramiento por un año adicional. El abogado aseguró que esta convocatoria se hizo sin la debida motivación y sin permitir una preparación adecuada por parte de la defensa.
La misiva advierte además que, de mantenerse estas prácticas, se estarían vulnerando garantías procesales fundamentales en un caso que ya concentra la atención nacional por su impacto político e institucional. La defensa pidió a la Fiscalía revisar el procedimiento y adoptar correctivos que garanticen transparencia y respeto por el debido proceso.





