Recientemente el alcalde de San Antero, Dennys Chica Fuentes, denunció ante la Asamblea Departamental la presunta destrucción de cerca de 60 hectáreas de manglar en el municipio, para lo que sería la construcción de un complejo urbanístico. El mandatario señaló a la empresa Aromas de Colombia como presunta responsable de las intervenciones y pidió la intervención urgente de las autoridades ambientales y judiciales para frenar las actividades.
Según la denuncia presentada el 10 de noviembre, en diferentes sectores de la bahía de Cispatá se estaría registrando el ingreso de volquetas y maquinaria pesada para realizar talas, rellenos y drenajes en terrenos que, de acuerdo con el alcalde, corresponden a zonas de protección ambiental donde están prohibidas las construcciones por ser reservas naturales. Chica Fuentes solicitó la intervención de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), la Fiscalía, la Procuraduría, la Dirección General Marítima (Dimar) y el Ministerio de Ambiente.
En respuesta a la denuncia, la CVS informó que desde 2022 adelanta labores de control y seguimiento en la zona y que, tras 17 visitas de inspección, ha identificado intervenciones sobre aproximadamente 6,5 hectáreas en los sectores El Nisperal, Vereda Amaya y Cispatá Marina Hotel-Morgan, por tala ilegal, disposición de rellenos, construcciones, movimientos de tierra y obstrucción de un cauce natural. La corporación aclaró que no ha expedido permisos de aprovechamiento forestal ni autorizaciones para intervenir los manglares, modificar el uso del suelo o desarrollar actividades turísticas en estas áreas, e impuso una medida preventiva que ordena la suspensión inmediata de las actividades en la zona de restauración de Cabecera y sus alrededores.
La CVS señaló además que coordinó actuaciones con Dimar y la Personería Municipal, y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, mientras anunció que continuará con el seguimiento técnico y los trámites sancionatorios correspondientes, algunos ya concluidos con sanciones y otros en trámite.
Por el momento, tanto la cifra de 60 hectáreas como la presunta responsabilidad de la empresa Aromas de Colombia corresponden a la denuncia del alcalde y están pendientes de verificación por parte de las autoridades ambientales y judiciales, por lo que la empresa no ha sido sancionada por estos hechos denunciados.





