El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos. La imputación, presentada el 29 de abril de 2026 en una corte federal de Nueva York, señala que el mandatario habría facilitado el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos, acusaciones que él niega de forma categórica.
Según la investigación estadounidense, Rocha (militante del partido Morena y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador) habría recibido respaldo del grupo criminal durante su campaña electoral en 2021. Las autoridades sostienen que “Los Chapitos” habrían influido en los comicios mediante intimidación y violencia, con el objetivo de garantizar un gobierno favorable a sus operaciones ilícitas.
Rubén Rocha, de 76 años, es un político con larga trayectoria en la vida pública mexicana: ha sido senador, académico y funcionario federal antes de asumir la gobernación de Sinaloa para el periodo 2021-2027. Su carrera ha estado vinculada al proyecto político de Morena y a la llamada “Cuarta Transformación”, lo que lo posicionó como uno de los aliados regionales más importantes del oficialismo en un estado históricamente marcado por el narcotráfico.
El caso ha generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cualquier solicitud de extradición deberá estar respaldada por pruebas “contundentes”, mientras que el gobierno mexicano ha cuestionado la solidez de las acusaciones. En paralelo, sectores de la oposición han pedido medidas extraordinarias como la intervención institucional en Sinaloa, ante la gravedad de los señalamientos.
De comprobarse, las acusaciones representarían un golpe sin precedentes, ya que Estados Unidos rara vez imputa a funcionarios en ejercicio por vínculos con carteles. El proceso también podría agravar la crisis de seguridad en la región, donde el poder del Cártel de Sinaloa y sus facciones, responsables del tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas, sigue siendo determinante en la dinámica política y social del estado. Mientras tanto, Rocha insiste en que demostrará su inocencia y califica el caso como un ataque político sin fundamento.





