La Superintendencia Nacional de Salud presentó este lunes 28 de julio los resultados de una auditoría practicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en la que identificó 38 hallazgos administrativos, cuatro con presunta incidencia fiscal, tres disciplinarios y dos penales, además de diferencias por 210.000 millones de pesos en los reportes financieros entregados por la entidad. El informe también evidenció presuntas irregularidades en la contratación, la facturación de medicamentos y el manejo de los sistemas de información.
Durante la presentación del informe, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, aseguró que las fallas encontradas impidieron la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio. «Yo creería que hubo una traición al Gobierno, una traición al proyecto y una traición a los maestros de Colombia», afirmó el funcionario, al señalar que persisten prácticas del esquema anterior y que existen sectores dentro del FOMAG que, según dijo, «no quieren el cambio».
Quintero también cuestionó el manejo de la información financiera del fondo. «El FOMAG es un desastre en el manejo de información. No sabe a quién se le pagó, no sabe cuánto falta por pagar y no saben si lo que pagó hace sentido», expresó. Añadió que la auditoría encontró 210.000 millones de pesos de diferencia entre los propios reportes del fondo y aseguró que la entidad continúa administrando información mediante hojas de Excel, una situación que, en su concepto, favorece la falta de control sobre los recursos públicos. Además, denunció que existen pagos realizados sin soportes suficientes, contratos verbales para algunos servicios y demoras de hasta 160 días en la autorización de procedimientos médicos.
Entre los hallazgos también figuran 59.843 facturas de medicamentos con valores superiores al precio máximo regulado y presuntas irregularidades en el contrato del software HORUS, cuyo costo ascendió a 45.154 millones de pesos, pese a que, según la Superintendencia, una nueva solución tecnológica tendría un valor cercano a 4.800 millones de pesos. El organismo de control indicó que estos resultados serán remitidos a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades a que haya lugar, mientras continúa la auditoría sobre la administración de los recursos destinados a la salud de cerca de 820.000 docentes y sus familias.





