El estado colombiano admitió su responsabilidad en la ejecución extrajudicial del excandidato presidencial y líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, asesinado el 26 de abril de 1990. La confesión se hizo durante una audiencia del 191 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington, donde estuvieron presentes María José Pizarro, hija del líder político, y otros familiares.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, fue el encargado de expresar el «mea culpa» en nombre del país. Palomino reconoció que el asesinato de Pizarro no fue un hecho aislado, sino una operación coordinada que involucró tanto a grupos paramilitares como a agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes paradójicamente eran los encargados de brindar protección al excandidato presidencial.
«Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro León Gómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto DAS, que entre otras cosas eran responsables de protegerlo», declaró Palomino Cortés durante la audiencia.
Carlos Pizarro León Gómez fue asesinado a los 38 años cuando se encontraba en plena campaña presidencial, apenas seis meses después de haber firmado un acuerdo de paz y desmovilizado el grupo guerrillero M-19. El ataque ocurrió en pleno vuelo comercial entre Bogotá y Barranquilla. El sicario Andrés Gutiérrez Uribe, vinculado con estructuras paramilitares, se levantó de su asiento y disparó contra Pizarro, quitándole la vida frente a decenas de pasajeros.
El hecho no terminó ahí: el escolta Jaime Ernesto Gómez Muñoz, miembro del DAS y uno de los responsables de la seguridad de Pizarro, disparó y mató al sicario inmediatamente después del ataque. La acción, según se ha señalado en múltiples investigaciones, fue una medida para evitar que el asesino revelara detalles sobre la conspiración y para entorpecer las investigaciones del crimen.
María José Pizarro, quien ha liderado incansablemente el proceso de búsqueda de verdad y justicia, destacó la importancia de este reconocimiento para avanzar en la reparación y la memoria histórica del país.
«Este es un paso necesario para dignificar la memoria de mi padre y de todas las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. Es el comienzo de un proceso de justicia que debe ir más allá de la verdad oficial y conducir a sanciones para los responsables», expresó María José Pizarro.





