Gloria Arizabaleta, exrepresentante del Pacto Histórico y quien llegó a presidir la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, terminó bajo investigación de la Corte Suprema después de haber impulsado actuaciones relacionadas con el caso de Gustavo Petro.
Arizabaleta había participado en una investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro en 2022. Junto con el representante Wilmer Carrillo, se apartó de la propuesta de archivar el proceso y pidió avanzar en la vinculación del entonces presidente al expediente.
La investigación buscaba establecer, entre otros aspectos, si recursos provenientes de fuentes prohibidas, aportes no reportados y posibles irregularidades en los gastos electorales llegaron a la campaña.
Pero el escenario cambió radicalmente.
Después de que Arizabaleta, como presidenta de la Comisión, expidiera un polémico auto en el que ordenaba suspender provisionalmente a Petro por presunta participación en política, la decisión fue cuestionada por falta de competencia.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y la suspendió del cargo. Posteriormente, la Corte Suprema abrió una investigación previa contra Arizabaleta por su actuación y realizó diligencias judiciales, entre ellas inspecciones en su oficina del Congreso y en su vivienda en La Calera.
En esas diligencias fueron incautados documentos, computadores y teléfonos celulares, elementos que ahora hacen parte de la investigación.





