La ley de Amnistía de tránsito debe prorrogarse

Francisco España- Columnista de Río Noticias.

Para muchos la ley 2027 del 2020 más conocida como la ley de los descuentos por multas ha sido una desgracia, mientras que para otros ha sido una bendición. Y es que la oportunidad de pagar todas esas deudas acumuladas con el 50% de descuento sin cobrar intereses y sin cobrar gastos por de cobros coactivos sin duda es una gran ayuda para los conductores que están llenos de infracciones por pagar en el SIMIT.

Para otros menos afortunados es otra historia, pues, esta ley obliga a cancelar de manera inmediata o por convenio todas las multas que tenga el conductor que ha sido inmovilizado por una infracción al código nacional de tránsito, de lo contrario no podrá retirar su vehículo de los parqueaderos de inmovilizaciones. En efecto, si no tiene dinero para pagar toda la deuda o hacer el convenio de pago simplemente perderá su motocicleta u automóvil toda vez que entre más tiempo pase más aumenta el valor del parqueo y menos posibilidades tiene de saldar la deuda con la entidad. Básicamente es un círculo vicioso que hace imposible rescatar el preciado bien.

Aparentemente la ley de amnistía aprobada en plena pandemia tenía la intensión de aliviar las deudas de muchos Colombianos con entidades o secretarias de tránsito, no obstante el momento menos adecuado para realizar este perdón o borrón de cuentas no era a la mitad del pico pandémico, donde muchos empleados se encontraban con los contratos suspendidos, otros despedidos y los trabajadores informales con prohibiciones para realizar sus actividades mercantiles, es decir nadie tenía o tiene dinero para pagar deudas de tránsito disponible, menos cuando priman otras necesidades como estudios, deudas bancarias, arriendos, servicios públicos incluso la misma alimentación.

Es a partir de esta conclusión lógica que me atrevo a afirmar que la ley no fue diseñada para los conductores, sino, para las entidades de tránsito, que por motivos de declaratoria de estado de emergencia estaban cerradas y sin producir recaudo, es decir que mejor estrategia que dar un descuento por todo y recaudar lo dejado de recibir por su cierre pandémico, y si a esto le sumamos que en un articulo 2 en el parágrafo 3 establece: (…) Para todos los efectos legales, los organismos de tránsito no podrán tramitar la entrega de vehículos inmovilizados hasta tanto el propietario, poseedor o infractor acredite estar a paz y salvo por concepto de multas o  haber firmado un acuerdo de pago que se encuentre vigente (…) es claro que la intensión nuca fue buena.

Analizando lo anterior tenemos que se presiona al usuario a que saque dinero donde no tiene para que pague hasta el último centavo si quiere ver su motocicleta o vehículo rodando otra vez, si no me cree, pregunte cuanta gente pobre están sin vehículo o moto por ese parágrafo. Aquí es donde yo les pregunto ¿una ley diseñada para ayudar a la gente tendría este escabroso parágrafo?

Ya estamos a escasos tres meses de finalizar el 2020, apenas se está reactivando la economía y ruéguenle a Dios que no haya rebrotes de Covdi-19 como ha habido en China, España, E.E.U.U. y cualquier cantidad de países que ya pasaron la primera etapa, es decir es “normal” por estadística que nos vuelvan a restringir otra vez la movilidad y muchas actividades, por tanto, la economía volverá a recesión y nuestros bolsillos otra vez afectados (seguimos sin tener dinero para pagar multas).

Un simple razonamiento lógico indica que muchos por temas financieros obvios no alcanzaran a pagar sus deudas con las secretarias de tránsito y aprovechar esta grandiosa oportunidad, por tanto, mi conclusión es LA LEY 2027 del 2020 DEBE PRORROGRARSE por lo menos hasta mitad del 2021, si de verdad quieren ayudar a los actores viales y las personas afectadas con todos estas multas, de lo contrario solo fue una “presunta” bonita intención en el momento menos adecuado de la historia colombiana para sacar dinero para pagar un montón de multas con tantas cosas pendientes.

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