En una nueva declaración que agita el panorama político y judicial del país, el presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio del Interior investigar a los gerentes regionales de la Nueva EPS, con especial atención al departamento de Córdoba, para determinar a qué grupos pertenecían antes de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024.
La solicitud fue hecha durante el Consejo de Ministros realizado el lunes 15 de septiembre en la Casa de Nariño, donde el mandatario dirigió sus palabras al ministro del Interior, Armando Benedetti, con una instrucción directa:
«Establezca qué relación tienen esos gerentes regionales con el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo», afirmó Petro, sugiriendo posibles conexiones políticas detrás de decisiones clave en el alto tribunal.
Petro fue más allá al insinuar que estas relaciones explicarían el respaldo de Germán Vargas Lleras —líder de Cambio Radical— a la elección de Carlos Camargo como magistrado, en detrimento de Jaime Humberto Tobar, quien era considerado su ficha original:
“Yo creo que la opinión pública debe saber eso, porque entendería por qué Vargas Lleras apoyó a Camargo y no a Tobar», sostuvo el jefe de Estado.
El mandatario planteó la existencia de una estrategia para blindar actos de corrupción desde el aparato judicial, afirmando que las redes de poder estarían colocando «fichas» en entidades clave para evitar investigaciones o frenar procesos judiciales contra aliados:
“Así se mueve el plan de robo dentro del Estado (…) Si los amigos salen mal librados para la cárcel, entonces alguien soluciona el problema desde la Corte Constitucional», advirtió.
El presidente volvió a referirse al escándalo de facturación en la Nueva EPS, señalando que entre 2018 y 2023 se “escondieron 12 millones de facturas”, cifra que hoy, según él, ha aumentado a 15 millones. Petro insiste en que se trata de una red de corrupción estructural que debe ser judicializada:
“Lo que toca es mandar a la cárcel a los ladrones (…) Robo y mentira al Estado y a la sociedad. Ahora quieren que el pueblo pague la deuda a los bandidos. ¡Mucho descaro, oiga!»
Aunque reconoció que el Estado posee la mitad de las acciones de la Nueva EPS, el mandatario sostuvo que esto no justifica los desfalcos cometidos. En ese sentido, propuso un cambio jurídico profundo al régimen de las EPS, en el que dejen de ser intermediarias y se eliminen las comisiones a funcionarios:
“Si no reciben el dinero público y dejan de ser intermediarios, no hay robo. Todo el sistema de contratación en las EPS debe cambiar por completo”, concluyó Petro.
La investigación que deberá adelantar el Ministerio del Interior busca establecer posibles vínculos entre actores del sistema de salud y figuras del poder judicial y político, lo que podría tener consecuencias graves si se confirma la existencia de redes de corrupción articuladas para proteger intereses particulares desde las instituciones del Estado.
La intervención de la Nueva EPS sigue siendo uno de los frentes más polémicos del gobierno Petro, y con estas declaraciones, el presidente redobla su ofensiva discursiva contra lo que ha denominado “el cartel de la salud”.





