La presentación de la ponencia para la segunda reforma fiscal impulsada por el presidente Gustavo Petro está programada para inicios de esta semana. Sin embargo, días antes de que esto ocurra, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se ha visto envuelto en nuevas declaraciones relacionadas con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), realizadas por su exasesora María Alejandra Benavides.

Benavides declaró ante la Fiscalía que Bonilla «me utilizó y aprovechó su posición como ministro de Hacienda, sin importarle las consecuencias», según lo reportado por un noticiero.

Durante su testimonio, Benavides afirmó que Bonilla estaba al tanto de que los congresistas le enviaban a ella contratos relacionados con las regiones. Al ser consultada sobre si el ministro sabía de estos contratos, respondió afirmativamente, explicando que «todo absolutamente todo necesitaba autorización, él debía estar informado». Según Benavides, Bonilla habría autorizado presuntamente la entrega de tres contratos por un valor de $92.000 millones en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, a cambio de ciertas aprobaciones financieras requeridas en el Congreso.

Frente a estas acusaciones, Bonilla manifestó su respeto por la labor de la Fiscalía y su confianza en poder demostrar que, aunque podría cometer errores, no ha incurrido en delitos. “Nunca he evadido la ley. Mi compromiso con el Presidente y con las finanzas públicas permanece firme y no será afectado por esta situación”, afirmó.

El presidente Petro, por su parte, respaldó a su ministro, señalando que Bonilla es víctima de «otra trampa». Además, argumentó que la negativa del presidente del Senado y sus aliados para avanzar con la reforma podría llevar al país a una cesación de pagos.

En este contexto, la posición de Bonilla parece inestable, justo cuando se discute otra reforma tributaria clave para el Gobierno. La proximidad de diciembre intensifica la presión para aprobar proyectos legislativos cruciales que definirán el futuro de las finanzas públicas en 2025.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, comentó en una rueda de prensa que la ponencia de la reforma se presentaría entre el lunes y el martes, para dar inicio pronto a los debates.

La reforma tributaria en detalle

El Gobierno concentra sus esfuerzos en esta reforma fiscal, cuya aprobación es fundamental para el presupuesto de 2025, estimado en $523,7 billones, ya que se espera que genere $12 billones adicionales.

En los últimos días, Bonilla se ha reunido con congresistas ponentes para ajustar aspectos pendientes de la norma, entre ellos, modificaciones al IVA para vehículos híbridos y sistemas fotovoltaicos dirigidos a usuarios de los estratos 1, 2 y 3.

El representante Wilmer Castellanos, coordinador del proyecto, adelantó que la ponencia incluirá un artículo que propone alivios tributarios para deudores, además de una reducción transitoria de sanciones e intereses por mora en obligaciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024 con la Dian.

Entre los puntos centrales de la reforma también figuran:

  • Una reducción gradual del impuesto de renta corporativo.
  • Recursos para la opción tarifaria.
  • Mecanismos para adelantar la regla fiscal.
  • Una norma de enfoque ambiental.
  • Cambios en el IVA aplicable a plataformas de juegos de azar en línea.
  • Un incremento en el impuesto al carbono, que podría generar nuevas alzas en el precio de la gasolina y el Acpm.

A pesar del optimismo del Gobierno, la oposición ha expresado su rechazo. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, miembro de las comisiones económicas, ya anunció que votará en contra. Cepeda señaló: “Mi voto será negativo porque no tiene sentido aprobar una reforma tributaria cuando el recaudo está en descenso, la inversión privada enfrenta hostilidades dentro del Gobierno y esta inversión es esencial para un crecimiento económico sostenido”.