Tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, miles de familias todavía esperan soluciones para recuperar sus viviendas y acceder a servicios esenciales. La Defensoría del Pueblo advirtió que persisten barreras en la atención de los damnificados y alertó sobre un déficit de financiación de $50,08 billones para ejecutar el plan de recuperación.

El movimiento sísmico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, pero dejó afectaciones en diferentes regiones del país. En su comunicado 149, publicado este 10 de noviembre, la entidad presentó un balance de las dificultades que enfrentan las comunidades y pidió a las autoridades garantizar recursos y soluciones que permitan restablecer sus derechos.

Más de 776.000 personas afectadas y miles de viviendas inhabitables

Las cifras del Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre, muestran la magnitud de la emergencia: 363.791 familias, equivalentes a 776.119 personas, aparecen registradas como afectadas.

En materia de vivienda, el balance reporta:

  • 104.049 viviendas inhabitables.

  • 19.149 viviendas destruidas.

  • 119.748 viviendas con daños.

La emergencia también afectó 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios. A esto se suman daños en vías, acueductos y puentes.

Por su parte, el reporte situacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 27 de octubre, registró 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.

Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría está relacionado con el Registro Único de Damnificados. La entidad advierte que no existe una ruta general para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños ocasionados después del cierre del registro.

Esta situación puede dejar por fuera de los programas de asistencia a familias que necesitan demostrar su condición de damnificadas para recibir los beneficios.

También existen dificultades con la clasificación de habitabilidad de las viviendas y el cobro de los apoyos económicos. En Risaralda, por ejemplo, se reportan más de 70.000 inconsistencias en los registros. En Pereira, 3.098 familias todavía no habían cobrado el beneficio, según el balance con corte al 7 de octubre.

Otro punto de preocupación es el subsidio de arrendamiento, establecido en $1.050.000 mensuales durante tres meses. Para la Defensoría, este apoyo resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que podrían extenderse entre 12 y 18 meses. La escasez de viviendas disponibles también ha llevado a algunas familias a regresar a inmuebles que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.

En cuanto a los alojamientos temporales, el seguimiento de la entidad identificó 15 espacios activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda, donde permanecían 457 personas. La Defensoría advirtió que faltan protocolos claros para cerrar estos albergues y alternativas habitacionales para las familias que deben abandonarlos.

Ante este panorama, la entidad pidió al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales adoptar medidas para superar las barreras que retrasan la recuperación.

Entre sus recomendaciones están habilitar mecanismos para actualizar e incluir nuevos damnificados en el registro, garantizar los subsidios de arrendamiento y evitar el cierre de alojamientos temporales sin alternativas de vivienda digna y segura. También solicitó priorizar la recuperación de hospitales y colegios, asegurar la continuidad de los tratamientos médicos y la educación, y fortalecer la atención psicosocial.

La entidad hizo énfasis en la necesidad de proteger especialmente a comunidades étnicas, mujeres, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, además de reconocer las necesidades de las víctimas del conflicto armado y de las personas en proceso de reincorporación.

La Defensoría insistió en que la recuperación no debe limitarse a reparar la infraestructura dañada. También debe garantizar que las familias recuperen sus actividades económicas, sus medios de vida y las condiciones necesarias para reconstruir sus proyectos de vida.