Un poco de pedagogía sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH), a propósito del caso PETRO URREGO VS. COLOMBIA

Gustavo Garnica. Columnista de Río Noticias.

Para este artículo me había propuesto, y así lo había anunciado, abordar el tema de la problemática del demos: el sujeto colectivo, que ejerce el Kratos: el poder de gobernar, en la democracia, pero ante la sentencia proferida el pasado 8 de julio, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso PETRO URREGO VS. COLOMBIA, me propongo hacer un poco de pedagogía sobre el SIPDH, una apreciación de esa sentencia, de una decisión interna que le antecedió y del tipo de análisis que se está estilando hacer de las decisiones judiciales. 

En su concepción y desarrollo inicial, el Derecho Internacional consistió en un régimen y/u ordenamiento para el relacionamiento de los Estados, que luego hubo la necesidad de ampliarse para la protección de la dignidad humana y de los derechos de los individuos como un propósito internacional en respuesta a los horrores de las guerras – 1ª y sobretodo de la 2ª -, surgiendo así, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), el cual determina unos estándares mínimos y esenciales de protección de derechos que los Estados se comprometen a acoger y respetar.     

Con la Carta de la ONU de 1945, además de surgir ese organismo, podemos indicar que nace un sistema mundial de protección de los Derechos Humanos (DH), que si bien no se explicitó dentro de los tres propósitos iniciales de la ONU – mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, respeto por el principio de igualdad y libre determinación de los pueblos, y la cooperación internacional -, pronto se empezó a construir en el Programa de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas (PDH-NU), que expidió  la  Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948 y otra serie de instrumentos de protección de derechos, como el Pacto de Derechos Civiles y políticos, el  Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de protocolos adicionales y tratados en temas específicos.      

A partir de la experiencia mundial, se replican organizaciones regionales que luego desembocaron en los sistemas igualmente regionales de protección de DH, como el europeo, el africano y nuestro Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH), con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a la cabeza – Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969 -, y el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos. El antecedente del SIDH lo encontramos en la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 y la suscripción en abril de ese año de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH).

Luego, en 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Es importante tener en cuenta, que la condición de Estado miembro de la OEA, automáticamente no lo constituye en obligado por la CADH y, tampoco lo ubica bajo la competencia de la Corte IDH. Incluso, un Estado miembro de la OEA, que además haya ratificado la CADH, tampoco queda automáticamente sujeto a la competencia de la Corte IDH, cuya jurisdicción debe ser aceptada voluntariamente.

Colombia aprobó la CADH mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, norma esta que entra en vigencia el 05 de febrero de 1973, produciéndose la ratificación o adhesión el 28 de mayo de 1973 y el deposito el 31 de julio de 1973, sin presentar reserva alguna. Pero no obstante lo manifestado, la CADH solo entra en vigor el 18 de julio de 1978, fecha desde la cual estamos obligados por y a ella. Por su parte, la aceptación de la competencia de la jurisdicción de la Corte IDH se produjo de manera incondicional y permanente el 21 de junio de 1985.

Lo relatado hasta aquí nos lleva a concluir previamente, que estamos obligados por la CADH a partir del 18 de julio de 1978. Así mismo, nos resultan obligatorias las decisiones de la Corte IDH desde el mismo día en que se aceptó su competencia, por lo que apartarse del cumplimiento de sus sentencias nos ubicaría en el contexto internacional como un país forajido e incumplidor de compromisos y obligaciones, en un mundo cada día más interrelacionado e interdependiente.

En nuestro sistema jurídico, se acoge la normativa internacional bajo el concepto del bloque de constitucionalidad, que se compone de normas a las que se le confiere rango constitucional, aunque no tienen su origen en el texto mismo de la Constitución, sino que se les incorpora como constitucionales, por lo que su obligatoriedad interna no admite discusión alguna. Al acoger a la CADH asumimos la obligación, incluso de modificar nuestro ordenamiento interno para adecuarlo a los estándares de protección de las normas internacionales en ella contenidas, y otras que conforman el SIDH; de acuerdo con el artículo 2° de la mentada CADH que indica:Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Con fundamento en esa norma convencional y en el principio pacta sunt servanda contenido en la Convención de Viena – Derecho de los Tratados – que obliga a cumplir los tratados, porque “lo pactado obliga”; el Parlamento colombiano a través del Acto Legislativo 01 de 2018 modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política, adecuándola a lo establecido en el  literal h, del numeral 2°, del artículo 8° de la CADH, en materia de garantía de la doble instancia, doble conformidad o la posibilidad de impugnar decisiones penales por parte de altos funcionarios del Estado y servidores públicos aforados, cuya investigación y juzgamiento es de competencia de la Corte Suprema de Justicia, y no tenían esa posibilidad antes de la mencionada reforma constitucional, siendo esa, una exigencia del también mencionado artículo 8, numeral 2, literal h de la CADH.

En esa misma línea, el ordenamiento jurídico interno debe ser adecuado de conformidad con el artículo 23.2 de la CADH, según el cual, la restricción de los derechos políticos para funcionarios de elección popular procede solo por condena dictada por juez competente en proceso penal, y no por decisiones dictadas por otros funcionarios administrativos, como Procuradores – juicios administrativos disciplinarios – y Contralores – juicios administrativos de responsabilidad fiscal – entre otros

La sentencia del caso PETRO URREGO VS. COLOMBIA, no solo protege los derechos políticos de él, sino que también, los de los electores. Esa sentencia se suma a otras proferidas anteriormente por la misma Corte IDH sobre protección de derechos políticos como garantía del principio democrático, dentro de las que destaca, por su similitud, mas no exactitud, la del caso LOPEZ MENDOZA VS. VENEZUELA del 1 de septiembre de 2011 – Caso conocido en Colombia como caso Leopoldo López – que fue en su momento celebrada en nuestro país, y con ello respaldada la tesis de la Corte IDH, por parte de algunos que contradictoriamente – si lo analizamos desde lo jurídico – hoy cuestionan la del caso PETRO URREGO VS. COLOMBIA.  

Esa sentencia internacional ha causado algo de revuelo, y ello obedece a que, por un lado, a pesar de las 22 condenas anteriores, aun no nos acostumbramos a lo vaticinado por Kelsen respecto de la irrupción del derecho internacional en nuestros sistemas jurídicos, a veces con preminencia; y, por otro lado, debido al abordamiento que se hace de ella, desde los estrechos rincones políticos de los esquemas cognitivos preconcebidos, antes que desde lo jurídico, y a veces desde el desconocimiento. Ese abordaje político, es el mismo que se aplica a las decisiones judiciales internas, con un saldo bastante desfavorable para la independencia e intangibilidad del poder judicial y sus decisiones.

Recordemos que la sentencia de la Corte IDH viene precedida de varios fallos internos, en donde destaca el del Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2017, en el que  se declara la nulidad de: i) la decisión de única instancia proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, del 9 de diciembre del 2013, mediante la cual se  destituye e inhabilita por el término de 15 años a Gustavo Francisco Petro Urrego; y, ii)  la decisión del 13 de enero del 2014, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que resolvió no reponer y en consecuencia confirmar el fallo de única instancia.

En ese mismo fallo, el Consejo de Estado exhorta al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que en un plazo no superior a dos (2) años, implemente las reformas a que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); lo cual a la fecha y luego de transcurrido el termino indicado, no ha ocurrido, lo que demuestra desinterés por parte del gobierno, del Parlamento y la misma Procuraduria en acoger los estándares de protección mínimos establecidos internacionalmente en materia de protección de derechos políticos, lo que nos augura seguir  tristemente sobresaliendo por el cumulo de sentencias internacionales proferidas en contra por la Corte IDH.

Adicionalmente hay que señalar, que tanto en el fallo del Consejo de Estado, como en el de la Corte IDH, no se hace referencia a otra vulneración no mencionada a la CADH – art. 23.2 -, referente a la garantía de la doble instancia, doble conformidad, o la posibilidad de impugnar decisiones, lo cual no se le permitió a Gustavo Petro en el proceso disciplinario – por la configuración del proceso disciplinario -, garantía que a buena hora se le va a materializar a Andrés Felipe Arias, con ocasión de la reforma constitucional que antes anotábamos, fue desarrollada por el Congreso a través del Acto Legislativo 01 de 2018.

Los derechos humanos, sus garantías y las decisiones judiciales que los protegen y las que los limitan, no deben celebrarse o cuestionarse dependiendo de quienes sean los destinatarios en cada caso específico, ya sean estos, beneficiarios o sujetos pasivos de la protección o la limitación por vía judicial.  Deben asumirse y analizarse las decisiones desde la comprensión jurídica que ameritan, ya que el pacto social que nos lleva a vivir bajo el amparo del Estado civil – de derecho, social de derecho o constitucional -, nos obliga a actuar conforme a las leyes y acatar las decisiones judiciales, porque desconocer las unas y destacar las otras nos ubica por fuera del estado civil y nos sitúa en el estado de naturaleza que fue superado por aquel.

“La transición del estado natural al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta la justicia al instinto y dando a sus acciones la moralidad de que antes carecían. Es entonces cuando, sucediendo la voz del deber a la impulsión física, y el derecho al apetito, el hombre, que antes no había considerado ni tenido en cuenta más que su persona, se ve obligado a obrar basado en distintos principios, consultando a la razón antes de prestar oído a sus inclinaciones”.  Rousseau en el Contrato Social, Capitulo VII.        

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