La crisis de legalidad asociada a la crisis de controles en nuestra “democracia”

Nuestro país enfrenta una crisis de legalidad en todas las esferas de la vida pública y privada, lo cual supone la desvinculación entre las autoridades, y la ciudadanía misma, con las reglas a las cuales debemos sujetarnos. Este cortocircuito entre autoridades y ciudadanía, por un lado, y las reglas por el otro, se ve agravado en razón a que la crisis también tiene lugar en las diferentes instancias de control que deben operar en una democracia constitucional, lo que genera ineficacia y hasta ausencia de la materialización de esos controles que deberían servir como garantía de legalidad, previniendo la ilegalidad; o reactivamente, como restablecedores de aquella.

De aquí, que estemos presenciando una formidable “fenomenología de ilegalidades”, siendo las más relevantes y llamativas, las que tienen lugar en los escenarios de poder político, administrativo, judicial y de control. Se ha configurado un paraestado, con lo que no se hace referencia exclusivamente a la permeación por parte del paramilitarismo, siendo eso solo un tipo de esas múltiples y variadas estructuras paralelas – extralegales – que han llegado a desplazar a las instituciones legal y constitucionalmente establecidas y, en muchos casos, a sustituirlas. Nos referimos en general a la sistemática e ilegal abrogación de los poderes estatales y su consecuente desplazamiento hacia otros actores y escenarios, que son los verdaderos factores reales de poder, ubicados en ocasiones, detrás y en otras, por encima del Estado, pero siempre en condición de preeminencia.

Dentro de la variada tipología de desplazamiento y/o sustitución de la legalidad encontramos que, en ciertas zonas del territorio nacional, el poder de juzgamiento y el monopolio de la fuerza, son asumidos por grupos armados ilegales. De igual manera, el desplazamiento de instancias decisionales en materia política, legislativa, administrativas y judiciales a sedes del poder económico y financiero. Decisiones legislativas, judiciales y de gobierno que son tomadas, aparentemente en el seno de los órganos representativos de la democracia – el congreso -, o en ejercicio del poder ejecutivo del gobierno, el cual ostenta en razón de su origen democrático – electoral; cuando en realidad son imposiciones del mercado, de poderes supraestatales los unos, locales los otros, pero supraordenados al Estado ambos.

En estas condiciones, el congreso y el gobierno, se han convertido en su orden, en instrumentos de creación normativa y ejecución de aquellas, ambos encaminados al favorecimiento de los intereses de los poderosos, y no auténticos representantes del poder popular que mediante la democracia formal los elige como sus representantes. Nos encontramos en un modelo democrático formal, en el que a través del sufragio universal se decide “cómo” y a “quién” se elige como sujetos políticamente representativos – legisladores y gobierno -., pero de ahí en adelante, el poder popular pierde cualquier control sobre el “qué” deciden esos sujetos, que en teoría los representan. Estamos lejos de la dimensión sustancial de la democracia, en la cual los representantes actúan en la dirección de garantizar los intereses y suplir las necesidades vitales de los sujetos representados, en suma, de garantizarles los derechos fundamentales.

En este panorama, la soberanía del pueblo se invierte hacia la soberanía de los representantes del pueblo, quienes al no respetar los límites establecidos y no operar los controles que deberían garantizar el respeto de aquellos límites, se tornan en poderes realmente soberanos y por tanto ilimitados. En una democracia sustancial, los controles son garantía de ella y por tanto de la legalidad. Teniendo estos controles tres modalidades:

1. Los controles jurídicos, que son establecidos por la Constitución y las leyes. Se caracterizan por ser obligatorios, ejercidos por órganos imparciales, bajo unos supuestos de responsabilidad que generan sanciones.

2. Los controles políticos, que pueden ser ejercido desde el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales. Se trata en todo caso y contrariamente a lo que pensamos, de un control voluntario en cuanto a la obligatoriedad legal; pero resulta ser obligatorio desde la sujeción política de esos órganos que lo ejercen, con sus electores. 

3. Los controles sociales, que es ejercido desde la sociedad y se manifiestan a través de la opinión pública; y por lo tanto no son institucionalizados, se realiza de distintas maneras, sin procedimientos, a través de la radio, la televisión o las redes sociales.

Si analizamos cada una de estas modalidades de controles y las contrastamos con nuestra realidad, vamos a encontrar sustentada la crisis de legalidad y por tanto la crisis de la democracia sustancial. Los controles jurídicos en Colombia son general e institucionalmente ejercidos desde la fiscalía, procuraduría y contraloría (Hay otros organismos, pero no es del caso especificar en este momento), de los cuales al analizar el atributo de imparcialidad encontramos que no existe, pues desde la misma nominación de sus cabezas, hasta la designación, obedecen a procesos de carácter político más que técnico y de meritocracia, por lo que el cotejo de responsabilidad en los casos concretos – analizar un comportamiento respecto del derecho -, que debería ser un proceso normativo, también resulta siendo político, o de conveniencia –  económica, etc. –   

Los controles políticos, que además de controlar a los órganos que ejercen el poder ejecutivo, también es susceptible de ser aplicado a quienes ejercen el poder de control jurídico, presupone que quien lo ejerce se encuentre en posición de supremacía sobre quien es controlado, lo cual en Colombia no ocurre, por el exacerbado presidencialismo que termina por cooptar al congreso, convirtiéndolo en apéndice del ejecutivo, en vez de órgano de representación popular con las funciones de hacer las leyes y ejercer el control político. A nivel de las organizaciones territoriales encontramos que las asambleas departamentales solo son escampaderos burocráticos, de las que, si se hiciera un análisis costo vs beneficio, habría que indicar que constituyen un legalizado e institucionalizado detrimento patrimonial, además de sistemático. En el caso de los Concejos, la generalidad nos muestra que han seguido la misma surte del Congreso, salvo algunas excepciones donde se muestra independencia objetiva, pero también otros donde la tal independencia es en razón a presiones con fines burocráticos y/o de corrupción.

Y siendo el político, un control voluntario, al estar cooptado el órgano que lo ejerce, se anula por completo, quedando finalmente los controles sociales, que generalmente eran ejercidos desde la televisión y la radio, que obedecen precisamente a los intereses de aquellos actores a los que hacíamos referencia antes, que son los que supraordenados al Estado, manejan las instancias decisionales en favor de sus intereses, por lo que han sido las redes sociales y los controles sociales a través de esta los que han podido manifestarse en términos de independencia frente a los poderes institucionales y de aquellos otros, dueños de las decisiones por encima del Estado.

Sin embargo, este control social en las redes ha venido siendo prostituido y degradado, con lo que se deslegitima y correlativamente legitima a quien controla. Este control ha dejado de ser hacia el “cómo” se ejerce el poder y se dirigió hacia el “quien”; y si bien, en ocasiones el quien influye en el cómo, no es la generalidad. Asistimos a una virulenta actividad en redes tendientes a desacreditar a la persona – el quien -, olvidándonos de sus actuaciones – el cómo -, lo que ha traído no un control objetivo en términos de constatación de hechos, decisiones y actuaciones, sino objetivo en cuanto a que cualquier actuación de ese quien, siempre “merecerá” censura. Cuando esto ocurre, quien controla socialmente, por fuera de la constatación objetiva de hechos, decisiones y actuaciones, termina legitimando a quien controla, pues ya no lo toma como sujeto, sino como su objeto de “control”.

Los principales beneficiados de este descontrol de los controles sociales, son los “representantes” del poder popular que se han convertido en representantes de sus propios intereses y de aquellos poderes a quienes en la sombra representan efectivamente. Se beneficia el poder ejecutivo que es elegido mediante la democracia formal – electoral – y luego no actúa en la dimensión de la democracia sustancial – garantía de intereses y derechos -, y se benefician quienes ejercen las otras dos modalidades de controles, que, en ausencia de un verdadero y legítimo control social, continúan sin ejercer su labor, en beneficio de la ilegalidad.

Este artículo no busca ofrecer soluciones, sino solo aportar un análisis desde un punto de vista que puede ser compartido o refutado, pero en uno u otro caso, le va a generar a quien lo lea la necesidad de pensar en la crisis que enfrentamos.

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