Las tropas extranjeras en Colombia asesoran en la lucha contra las drogas: ¿Qué pasa con nuestra soberanía?

Gustavo Garnica- Columnista de Rio Noticias.

Con la caída de la URSS se produce un desequilibrio de las fuerzas mundiales imperantes hasta ese momento, lo que situó a EEUU en “una posición predominante a nivel mundial, acarreando de paso el fortalecimiento del capitalismo y un cambio radical en las formas de dominación internacional”. El empleo de la fuerza y las intervenciones militares se fueron acompañando con formas de dominación económica, financiera y cultural, lo que aparejó un desgaste de la soberanía interna de los Estados-nación, dando paso a un internacionalismo comercial que cambia las relaciones inter-estatales.

El término soberanía que entendíamos – simplificadamente – como el ejercicio autodeterminado del poder dentro de un territorio por parte de sus autoridades, ha sido recompuesto para adaptarse teóricamente a la dinámica globalizadora a escala mundial, pues es evidente, que ante el debilitamiento y movilidad de las fronteras, el avance de lo privado sobre lo público, la expansión de los mercados, el desplazamiento de capitales, la ola de la informática y otras manifestaciones del capitalismo hacen que la independencia de los Estados en la toma de decisiones militares, políticas, territoriales y económicas alcance su mínima expresión; lo que explica el desmonte de medidas de protección comercial, restricción de capital e inserción de tecnología extranjera.

No obstante, lo anterior, hay ciertos conceptos ligados a esa, si se quiere, vieja soberanía; que no son culturales ni sociales, sino políticos, filosóficos y jurídicos que resultan ser claves para asegurar una integración e identificación como Nación y es responsabilidad del Presidente de la República “como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa” asegurar su intangibilidad con la participación de los otros poderes públicos. Los encontramos en nuestra Constitución en el artículo 189, numeral 6°: i) la seguridad exterior de la República, ii) la independencia, iii) la honra de la Nación, iv) la inviolabilidad del territorio, v) la defensa frente a la agresión extranjera.

En el caso de la inviolabilidad del territorio, la misma Constitución establece garantías que le son oponibles al Presidente de la República en términos negativos y exigibles al Senado en cuanto mandato de acción. Para autorizar el tránsito de tropas extranjeras por nuestro territorio, el Presidente debe contar con autorización del Senado – que puede no otorgarla – y en el evento de receso de este, con un dictamen – concepto – del Consejo de Estado – Mirar numeral 7° del artículo 189 de la Constitución –, en razón a que el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos rigen como principios, acogidos por nuestra Constitución en el artículo 9°, las relaciones exteriores del Estado y su limitación bajo ciertas circunstancias esta mediada por procedimientos agravados en comparación con decisiones que son del curso normal de la administración publica
nacional.

Es necesario pero insuficiente que sea el senado quien deba autorizar el tránsito de tropas extranjeras por nuestro territorio. Y más aún si no se trata de solo tránsito sino de permanencia temporal, pues esa acción genera tensión con el concepto de soberanía y la limita, y al limitarla limita el poder popular que en nuestro Estado de Derecho radica en el pueblo – como lo establece el artículo 3° de la Constitución Política – y como es el pueblo el que va a ver limitado su poder soberano, debe ser el órgano que lo representa quien deba otorgar esa autorización. El representante
del pueblo en nuestro sistema democrático representativo es el Congreso (Sobre los elementos cualitativos de esa representación no vamos a ahondar, eso debe ser analizado en otro momento) y debería ser ese órgano en pleno el designado por el constituyente de 1991 para estudiar, debatir y decidir en frente a este tema.

La autorización o no del senado – que como hemos indicado debería ser del
Congreso en pleno – es la expresión del poder popular delegado por el ostentador de ese poder – que en teoría es el pueblo -, al órgano que lo representa en el marco de la democracia representativa. Obviar esa autorización es un ejercicio antidemocrático de concentración – irregular – de poderes públicos en una sola persona – en este caso el Presidente -, lo cual es propio del Antiguo Régimen.

Este evento de tropas extranjeras en el país no es nuevo. En nuestra historia
reciente encontramos que, en octubre de 2009, durante la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se suscribió con Estados Unidos un acuerdo de cooperación militar que ampliaba el acceso de tropas y contratistas estadounidenses a bases colombianas.

El convenio expandió el acceso de Estados Unidos a siete bases ya existentes, aumentando vuelos de monitoreo antidrogas y operaciones desde puertos de la Armada.

Ese convenio se suscribió a pesar del concepto desfavorable que el Consejo de Estado emitió el 13 de octubre de 2009, cuestionando la entrega unilateral de beneficios militares, penales, tributarios y de usufructo de bienes públicos en contra de principios y normas de nuestro sistema jurídico. Dicho concepto obedece a la competencia dada en la Constitución – artículo 237 constitucional numeral 3°- a esta autoridad judicial: “Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado”.

El resultado de esa cooperación en términos de lucha contra la droga parece haber sido fallido, en tanto la motivación de esta nueva incursión de tropas norteamericanas en nuestras fronteras 11 años después, según lo que han expresado desde el gobierno nacional, sigue siendo la misma fallida lucha contra las drogas.

Debemos recordar las historias de vulneraciones de Derechos Humanos a civiles por parte de militares y contratistas norteamericanos – violaciones a niñas y jóvenes – que han quedado en la impunidad por el carácter diplomático que se les atribuye a los miembros de esas delegaciones extranjeras, lo que los vuelven inmunes frente al derecho de nuestro Estado receptor, aun en eventos de acciones abiertamente comprendidas como no asociadas a la actividad que desempeñan. Se trata de un evento en el que no podemos aplicar nuestro derecho punitivo, en nuestro territorio y por hechos cometidos aquí; lo que sin duda es otro ejemplo de no ejercicio de poder y por ende de déficit de soberanía.

En el documento – Acuerdos de cooperación y bases militares en territorio
extranjero: ¿un “acto de agresión”…? – del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS de la UNAM – México -, publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su página web, se caracteriza como ejercicio de competencia extraterritorial sobre otros Estados, los eventos de transito de tropas extranjeras en territorio ajeno a su soberanía y/o la presencia regular o permanente sobre el mismo, significando siempre una transferencia de soberanía al Estado del que provienen las tropas.

Finalmente quiero llamar la atención en que si bien se nos ha dicho que los militares norteamericanos no participaran directamente en acciones militares – de buena fe lo debo creer -, sí lo harán indirectamente en planeación, estrategia y táctica, lo que los convierte en objetivo de los grupos irregulares y de narcotráfico contra quienes se dirigirán esas acciones. Cualquier agresión sufrida por sus militares, podría enervar el acometimiento de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos en contra de los agresores – que están en nuestro territorio o pueden señalar que se esconden en un país vecino -; las cuales ha desarrollado en muchos países para defender a sus nacionales e incluso de otras nacionalidades, apelando a las tesis de “intervención de humanidad” o “humanitaria”, “responsabilidad de Proteger” y la consabida “defensa de la seguridad nacional”, con las que han arrasado naciones enteras y les ha significado abundante material para la industria cinematográfica de Hollywod.

NOTAS FINALES:

  • La tesis de la no necesidad de autorización por parte del senado para la permanencia de tropas en nuestro territorio, porque en la Constitución se habla que es para tránsito, es leguleya. Resulta de mayor permisión y transferencia de soberanía la permanencia temporal de tropas que el tránsito de estas.
  • De acuerdo con el artículo 3°, literal f, de la Resolución N° 3314 de la (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se caracteriza como acto de agresión: “f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado”.

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