El deporte como gasto público social

Artículo de opinión de: Rafael Garnica

Rafael Garnica. Columnista de Río Noticias.

Los artículos 4 y 75 de la ley 181 de 1995 fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C 317 de 1998 por ser violatorios del artículo 350 de la Constitución Política.

La ley 181 de 1995 establecía el deporte como gasto público social, dando una destinación específica presupuestal a los recursos provenientes del IVA correspondiente a los servicios de restaurantes y cafeterías, hoteles, servicios de diversión, discotecas, estudios fotográficos y fotocopias.

Estos recursos son fondos sin destinación específica, los cuales son asignados únicamente por la ley orgánica de presupuesto que es de carácter preminente sobre las demás leyes ordinarias.

El acto legislativo 002 del 2000 reforma el artículo 52 de la Constitución Nacional y estableció el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como gasto público social.

La denominación de gasto público social es el principal logro de la ley del deporte. Esto significa que tiene prioridad presupuestal sobre cualquier asignación y que sus recursos están fundados en los principios de universalidad y progresividad (C 221 del 2011), además reconoce el derecho de todas las personas a la práctica del deporte sin ningún tipo de discriminación ( art 56 C.N.) , de los niños y adolescentes como derechos fundamentales necesarios para su desarrollo armónico e integral ( arts.44 y 45 C.N. ). En igual sentido para las personas de la tercera edad para promover su integración a la vida activa y comunitaria.  (art.46 C.N.)

Es obligación de la familia, la sociedad y el Estado garantizar el ejercicio pleno de este derecho y que debe estar presente en todas las etapas de la vida del hombre.

La acción del Estado debe encaminarse en ejercer las acciones concretas destinadas a beneficiar a los grupos discriminados y marginados y de proteger a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de dificultad manifiesta, al igual que sancionar los abusos que contra ellos se cometan (C 221 del 2011).

El Estado debe procurar ampliar la cobertura del deporte y aumentar progresivamente su presupuesto.  La Corte Constitucional estableció “la prohibición de regresividad” en el presupuesto del deporte de las entidades territoriales. Esto quiere decir que las partidas deben mantenerse o aumentarse y nunca disminuirse. (C 221 del 2011), por constituir   el deporte una necesidad básica insatisfecha. Derecho que el Estado debe garantizar mediante la integración funcional y de recursos con los organismos del Sistema Nacional del Deporte.