Una nueva discusión se abre alrededor de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta vez, el debate se concentra en los beneficios fiscales que actualmente reciben jueces, magistrados y profesores de universidades públicas, los cuales podrían desaparecer si el Congreso aprueba la iniciativa.

La propuesta está contemplada en el artículo 106 del Proyecto de Ley 477 de 2026, radicado el pasado 29 de octubre. Allí se plantea eliminar dos disposiciones del Estatuto Tributario que permiten a determinados funcionarios judiciales y académicos excluir una parte de sus salarios del cálculo del impuesto de renta.

Actualmente, los magistrados de altas cortes y tribunales, así como fiscales y procuradores judiciales cobijados por la norma, pueden declarar como exento hasta el 50 % de su salario por concepto de gastos de representación. Para los jueces de la República, el beneficio corresponde al 25 %.

En el sector educativo, la medida alcanzaría a rectores y profesores de universidades públicas, quienes también pueden excluir hasta el 50 % de su remuneración bajo este concepto. Los docentes de instituciones privadas no están incluidos en esta disposición.

¿Cuánto tendrían que pagar de más?

Los cálculos conocidos muestran que el impacto podría ser considerable, especialmente entre quienes reciben mayores ingresos.

Según ejemplos presentados por el abogado Felipe Alzate, citados por El Colombiano, un juez que actualmente gana $20 millones mensuales pasaría de pagar aproximadamente $14,9 millones a $31,4 millones anuales por impuesto de renta. Es decir, tendría que asumir $16,5 millones adicionales durante el año.

El escenario sería aún más elevado para un magistrado con un salario mensual de $30 millones. En este caso, el impuesto anual pasaría de $12,9 millones a cerca de $66 millones, lo que representa un incremento superior a los $53 millones.

Para los profesores universitarios también habría cambios. El Observatorio de la Universidad Colombiana estima que un docente con ingresos mensuales de $10 millones podría terminar pagando entre $3,5 millones y $6 millones adicionales al año por la eliminación de la exención, dependiendo de sus condiciones tributarias.

Estas cifras son ejercicios de estimación y no representan un incremento uniforme para todos los beneficiarios. El resultado dependerá de los ingresos, las deducciones y las demás exenciones aplicables a cada contribuyente.

¿Por qué el Gobierno quiere eliminar estos beneficios?

Entre los argumentos expuestos por el Ejecutivo está la necesidad de ampliar el recaudo tributario y revisar tratamientos especiales que considera inequitativos frente a los demás trabajadores.

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, la eliminación de estas exenciones permitiría recaudar aproximadamente $261.000 millones adicionales en 2028.

La iniciativa también ha generado cuestionamientos desde el sector académico y jurídico. Algunos especialistas advierten que la modificación podría afectar los ingresos disponibles de los docentes universitarios y de los funcionarios judiciales, además de reabrir una discusión sobre el reconocimiento de sus condiciones laborales.

Es importante precisar que la propuesta no contempla una reducción directa de los salarios ni de las prestaciones sociales de estos trabajadores. El cambio estaría en el tratamiento tributario de sus remuneraciones: una mayor proporción de sus ingresos quedaría sometida al impuesto de renta.

Por ahora, la eliminación de estos beneficios no está vigente. Se trata de una propuesta que deberá ser discutida y votada en el Congreso de la República, donde podría sufrir modificaciones antes de convertirse eventualmente en ley.