Reelección y garantías en la universidad de córdoba

Por estos días hay un tema en nuestro departamento – córdoba – del cual es imposible dejar de hablar. Se trata del proceso de designación del rector de la universidad que tiene el mismo nombre – periodo 2020/12/18 a 2025/12/17 –, que por primera vez en la historia de esa institución se ha convertido en un evento deslocalizado – entendiendo en este caso como localidad a la universidad misma – para pasar a ser un tema de atención de toda la sociedad cordobesa.  Ello obedece, a que la Universidad, ya no es solo aquella planta física ubicada a las afueras de Montería, en la vía que conduce a los otros departamentos que conforman el Caribe colombiano, sino que se ha convertido en parte del diario vivir de los cordobeses, por lo que los procesos internos son también ya, de interés público.

El Consejo Superior Universitario – máximo órgano de dirección – que es un cuerpo colegiado de representación – 1) de Presidencia de la república, 2) del Ministerio de Educación, 3) de los egresados, 4) de los estudiantes, 5) de los docentes, 6) de las directivas universitarias, 7) de la gobernación de Córdoba, 8) de los ex rectores, y, 9) del sector productivo –  compuesto por nueve miembros con voz y voto y la participación del rector con voz pero sin voto; en el marco de la autonomía universitaria, que es un principio de rango constitucional – art. 69 – desarrollado por la Ley 30 de 1992, según el cual las universidades “pueden darse sus directrices y sus propios estatutos”, expidió el Acuerdo Nº 035 de 2020, convocando a los aspirantes a participar en el proceso de designación de rector de la Universidad de Córdoba, teniendo en cuenta la reglamentación que ya había sido expedida, a través del Acuerdo N° 030 de 2020.

La designación del rector, así como su remoción, son funciones que la misma Ley 30 de 1992 – art. 65 – radicó en los Consejos Superiores Universitarios y en el marco de la autonomía, estos determinan los procedimientos de elección y designación, que en el caso de la Universidad de Córdoba, es de carácter mixto, compuesto por: i) una consulta electrónica interna – no vinculante -, pero que aporta legitimidad al proceso y a quienes resulten con mayor aceptación al interior de la institución; ii) socialización del plan de acción ante la comunidad universitaria; iii) presentación del plan de acción ante el Consejo Superior Universitario; y, iv) designación del rector por parte del Consejo Superior Universitario.

El actual rector de la Universidad – Jairo Torres Oviedo – decide participar como aspirante dentro del proceso de designación para el periodo siguiente, teniendo en cuenta que en esta institución siempre había existido la reelección automática e indefinida para ese cargo, lo que a partir del Acuerdo 270 de 2017 se limita a un solo periodo, con lo que se elimina la posibilidad de más de una reelección. 

Este tema puede generar algunos interrogantes y cuestionamientos si no se atiende al contexto universitario y por el contrario se utilizan los argumentos de este fenómeno – reelección -, que le son propios a las dinámicas de reelecciones en cargos de representación de poder político – administrativo, de lo cual tenemos el antecedente de la fallida segunda reelección presidencial del año 2010. No genera la relección de un rector de una universidad un desequilibrio de poderes, a pesar de lo que erradamente se puede pensar, como sí, la de un Presidente en nuestro país, pues en el contexto universitario no podemos identificar la presencia de los poderes públicos o la división de estos, propuesta por Mostesquieau y que se mantiene hasta nuestros días – legislativo, ejecutivo y judicial -. Por lo tanto, la teoría de los frenos y contrapesos – cheks and balances – entre esos poderes, resulta ajena a la dinámica universitaria, además de innecesaria. 

La misma estructura al interior de las universidades, con un rector como representante legal y un Consejo Superior Universitario compuesto con pluralidad de sectores y representaciones, que funge como el máximo órgano de dirección, acompañado todo ello de los estamentos estudiantiles, agremiaciones sindicales de docentes, trabajadores y empleados públicos no docentes, resulta ser un escenario con controles activos con o sin reelección.

Esto mismo no ocurre a nivel de la reelección presidencial, pues el Presidente, a diferencia de un rector, además de las funciones administrativas, también como cabeza de gobierno ejerce “excepcionalmente” funciones legislativas y/o de iniciativa legislativa, de reglamentación y de postulación o nominación de aspirantes a formar parte del poder judicial y de los órganos de control. La reelección presidencial en nuestro medio, sí causa un desequilibrio de poderes, porque los periodos constitucionales no coincidentes para cargos de las diversas ramas del poder público, diseñados así, buscan que los nominados por el Presidente, no terminen coincidiendo con su periodo presidencial, a quien por su nominación le guardan lealtad y hasta obediencia. Un caso palpable es lo que ocurre con el actual Fiscal General de la Nación, nominado por el Presidente, quien debería mantener independencia respecto de aquel, pues si bien no tiene competencia de investigación y acusación sobre él, sí, respecto de los subalternos y acciones del gobierno que preside.

En el caso de las universidades, con reelección o sin ella, el control fiscal lo ejerce siempre la Contraloría – general, departamental, distrital o municipal – dependiendo del nivel territorial al que pertenezca la Universidad. Lo mismo ocurre con el control disciplinario de la Procuraduría y el penal de la Fiscalía y adicionalmente las funciones de seguimiento, control y vigilancia que ejerce el Ministerio de Educación.

Por el contrario, al interior de las universidades si se requiere una concentración, pero de los intereses de todos los estamentos en pro de los fines misionales de estas instituciones. Por esta razón, los argumentos utilizados por la Corte Constitucional en la sentencia C – 141 de 2010, respecto de la segunda reelección presidencial en el año 2010, en cuanto a los desequilibrios de poderes que esta generaba, no le son no cercanos al contexto de reelección de un rector universitario. Para este otro escenario de relección son pertinentes los argumentos planteados por la misma Corte Constitucional en la sentencia SU – 115 de 2019, en la que estudió la reelección del rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC – para el periodo 2015 a 2018.

En esa sentencia, la corte entiende con claridad la tensión entre los derechos políticos y de participación del rector candidato, frente a la necesidad de asegurar un proceso regido  bajo los principios de igualdad, trasparencia, moralidad e imparcialidad e independencia, calificándola como “tensión constructiva”, que en ese caso “permitió que cada interés jurídico presente en el nuevo escenario de participación democrática, pudiera desarrollarse al tiempo que coexiste de manera armoniosa con los demás principios”.

Indicó la Corte Constitucional igualmente, que, “dichos postulados superiores fueron observados en el trámite electoral, puesto que, si bien la figura de la reelección crea privilegios para quien aspira continuar en el cargo, los mismos son legítimos, derivados del ejercicio de sus funciones estatutarias, la garantía de un certamen democrático justo y en condiciones de igualdad de oportunidades para los demás participantes fue reglamentada en el acuerdo 040 de 2014, con lo cual se desvirtuó la afectación a los principios invocados por el consejo de estado” 

En el proceso de designación de rector de la Universidad de Cordoba, el equivalente al Acuerdo 040 de 2014 de la UPTC, es el Acuerdo 058 de 2020, por el cual se establecieron las garantías para el proceso de designación del rector en los siguientes términos:

  1. Se ordenó la designación por parte del mismo Consejo Superior Universitario, de un rector ad hoc, que atienda todo lo relacionado con el proceso, lo cual se materializó mediante el Acuerdo 059 de 2020.
  2. De las 42 funciones que artículo 45 del Acuerdo 270 de 2017 atribuye al rector de la Universidad de Cordoba, 18 serán asumidas por el (la) vicerrector(a) académico(a) durante el proceso de designación, siendo esas 18, las funciones que tienen que ver con nominación, suscripción de contratos y otras que podían generar alguna ventaja no legitima, al rector candidato. 
  3. Se prohibió a cualquier aspirante y al rector como candidato, hacer uso de vehículos y demás instrumentos institucionales con fines de campaña.
  4. Se le prohibió al rector candidato, participar en la inauguración o reinauguración de obras al interior de la universidad.
  5. Se garantizó el equilibrio informativo en la divulgación de las propuestas de los diferentes candidatos a través de los medios de comunicación y redes institucionales.
  6. Se prohibió a los funcionarios de dirección, manejo y confianza la participación en actividades proselitistas y de campaña en favor de cualquier candidato.
  7. Se le recordó al resto del personal, que la participación de ellos en el proceso de designación se sujeta a lo determinado en el artículo 127 de la Constitución Política, con la prohibición de utilizar su cargo para hacer proselitismo en favor de algún candidato.     
  8. Se designó, mediante Resolución N° 0899 del 09/07/2020, un vocero institucional de la universidad, ante los medios de comunicación, a fin de que el rector candidato no sacara ventaja de los medios institucionales.

Esperamos que este proceso se desarrolle con debates y contradicciones centradas en los planes de acción propuesto por cada uno de los candidatos y no en la descalificación personal, en la calumnia y la injuria. Sería un mal ejemplo para la sociedad, que, en un centro del saber, donde se cultiva la técnica y la ciencia, se banalice y pauperice un certamen tan trascendental para el futuro de la Universidad y de nuestro departamento.

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